Le escribimos como organizaciones de la sociedad civil de base con sede en la República Dominicana (El Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA), Movimiento Reconocido y el Colectivo HaitianosRD), en colaboración con el Proyecto de Migración Haitiana de la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, para compartir la realidad de violaciones de derechos humanos, que incluye el continuo negación por parte del gobierno dominicano de acceso a nacionalidad en la República Dominicana. Le escribimos antes de la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de la Comunidad del Caribe (CARICOM) mientras ustedes consideran la membresía plena en la CARICOM de la República Dominicana.
Dado que la CARICOM está considerando la solicitud de membresía completa de la República Dominicana, CARICOM debe hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el Gobierno dominicano contra las personas migrantes haitianas y las personas dominicanas de origen haitiana. Estas violaciones incluyen las deportaciones masivas en base al perfilamiento racial, y el continuo incumplimiento por parte del Gobierno dominicano de abordar, revocar y remediar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de 2013 que despojó de su nacionalidad a más de 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana. En la actualidad, hasta 150.000 dominicanos de ascendencia haitiana siguen siendo apátridas.
El Gobierno dominicano está cometiendo violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas negar a más de 100.000 personas el derecho a la nacionalidad, incumpliendo sus obligaciones internacionales:
Las draconianas políticas migratorias adoptadas por el Gobierno de la República Dominicana han dado lugar a graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos, y deben modificarse de inmediato para cumplir con el derecho internacional y nacional. En octubre de 2024, el Gobierno del presidente Abinader anunció un plan para expulsar hasta 10.000 “inmigrantes indocumentados” por semana como método para “abordar la situación de la migración ilegal proveniente de Haití,” y evocando razones de seguridad nacional. En abril de 2025, el Gobierno anunció 15 medidas destinadas a endurecer su política migratoria contra las personas migrantes haitianas y las personas de origen haitiana. En conjunto, estas políticas migratorias han dado lugar a detenciones arbitrarias y expulsiones colectivas, discriminación y perfilamiento racial, violencia y tratos inhumanos, y separación de familias. El Gobierno dominicano está deteniendo y deportando a migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, independientemente de su situación migratoria. Agentes del gobierno están deteniendo a mujeres embarazadas que han acudido a los hospitales en busca de atención médica, separando a las mujeres de sus recién nacidos, deportando a menores a Haití —algunos de los cuales nunca han estado allí— y violando las garantías básicas del debido proceso. En 2025, más de 370.000 personas fueron deportadas a Haití desde la República Dominicana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado recientemente su preocupación por las políticas de inmigración adoptadas por la República Dominicana que afectan gravemente a los derechos de las personas en contextos de movilidad humana, y la CIDH ha pedido al Estado a “modificar todas las políticas migratorias incompatibles con sus obligaciones internacionales.”
En la República Dominicana hoy en día, hay madres que cuentan que sus hijos fueron detenidos después del servicio religioso del domingo y posteriormente enviados al otro lado de la frontera sin dinero y sin
posibilidad de hablar primero con sus padres. Hay madres lactantes que están detenidas en centros de
detención sin baños ni comida. El 14 de noviembre de 2025, un recién nacido de una mujer haitiana murió en el centro de detención de Haina, una situación sobre la que la CIDH expresó su preocupación. Esta muerte no es un incidente aislado: forma parte de un patrón sistemático de graves violaciones resultantes de las políticas racistas aplicadas por un gobierno que ha establecido un estado de excepción de facto y opera con una impunidad casi total. En los últimos 18 meses, los abusos sistemáticos de los derechos humanos han empeorado, y algunas personas defensoras y organizaciones de derechos humanos informan de que el gobierno dominicano corre el riesgo de llevar a cabo una limpieza étnica.
El Gobierno dominicano no ha abordado ni solucionado la apatridia:
Además, la situación de apatridia de las personas dominicanas de ascendencia haitiana sigue siendo un problema crítico. El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, que privó retroactivamente de su nacionalidad a más de 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana. Hoy, doce años después, a pesar de la protesta de la comunidad internacional y la posterior adopción de la Ley 169-14 de 2014, hasta 150.000 dominicanos de ascendencia haitiana siguen sin nacionalidad. No ha habido una solución real y efectiva para la población dominicana de ascendencia haitiana, la cual fue dividida y segmentada categóricamente en subgrupos, y en este momento representa la población apátrida más grande en el hemisferio occidental. Las personas apátridas viven en condiciones de vulnerabilidad; su acceso a la educación y a la universidad ha sido limitado drásticamente, así como su capacidad para acceder a la asistencia sanitaria y al empleo. Los jóvenes que terminaron la escuela hace seis u ocho años no han podido matricularse en la universidad porque se les considera extranjeros en su propio país o porque no tienen documentación. Las personas apátridas viven en condiciones que afectan su desarrollo personal, social, económico e intelectual tanto a nivel personal como comunitario. Madres y padres que quieren darle un nombre y una nacionalidad a sus niños y niñas no pueden porque el Estado le ha negado esa oportunidad de tener una documentación. Generaciones enteras de dominicanos se ven sometidas a la humillación de que se cuestione su nacionalidad en su propio país.
Las personas apátridas viven en constante miedo y se enfrentan a opresión y descriminación. Ante la ausencia de la protección del Estado, incluso para su movilidad, las mismas están siendo afectadas por las políticas y las medidas implementadas por el gobierno dominicano a través del endurecimiento de las políticas migratorias actuales las cuales afectan a la población dominicana de ascendencia haitiana apátridas. Las personas apátridas viven bajo el riesgo constante de ser detenidas y expulsadas a un país que nunca han conocido. Como destacó la CIDH, las operaciones de detención migratoria también afectan a los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana y, en particular, a los afrodescendientes, debido al uso de perfilamiento racial por parte de las autoridades dominicanas en las operaciones migratorias y porque estas personas “tienen impedimento para demostrar su nacionalidad ante la deficiente implementación de la Ley 169-14 e inexistencia de otras soluciones duraderas para las personas apátridas.”
Efectos de las políticas discriminatorias y la xenofobia:
Estas graves violaciones no han disminuido en 2026. Las deportaciones masivas continúan hasta el día de hoy, con miles de personas deportadas cada mes. Según informó la DGM, en enero de 2026 se detuvo a 38.392 personas en todo el país y se deportó a más de 35.000 personas a Haití. Estas políticas de deportación masiva que utilizan el perfilamiento racial se reflejan en los Estados Unidos, con riesgos para la vida de los haitianos, como lo demuestra claramente el caso de las cuatro mujeres haitianas encontradas decapitadas en la zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití, quienes habían sido deportadas desde Puerto Rico.
Los ciudadanos particulares se sienten envalentonados por el racismo y la xenofobia abierta que promueve el Gobierno de Abinader. Este mes (febrero de 2026), la organización paramilitar de extrema derecha Antigua Orden Dominicana (AOD) organizó una marcha que promovía abiertamente los discursos de odio y la limpieza étnica. AOD reunió a personas para apoyar un ultimátum en el que se exigía a los haitianos que abandonaran Los Mina, un barrio de Santo Domingo, en un plazo de diez días. La AOD y sus aliados afirmaron que si los haitianos no se marchaban, los “perseguirán.” Además, desde el viernes 13 de febrero, el Gobierno llevó a cabo alrededor de 500 detenciones migratorias arbitrarias en Los Mina. Los agentes de inmigración actuaron de forma violenta. Se puede encontrar más información sobre los acontecimientos en el comunicado de prensa de la organización de la sociedad civil Colectivo HaitianosRD.
Reiteramos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana y las personas migrantes haitianas en la República Dominicana. Como hemos mencionado, dada la magnitud y la tasa de deportaciones, así como las políticas cada vez más draconianas y discriminatorias que están aplicando los actores estatales, nos preocupa que la posibilidad de una limpieza étnica se esté convirtiendo en una posibilidad cada vez más realista.
Agradecemos a los representantes de CARICOM por considerar esta carta. A continuación, incluimos enlaces a versiones digitales de varios informes que proporcionan información detallada sobre la preocupante realidad en la República Dominicana:
- Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana, por Colectivo HaitianosRD
- Perfilamiento Racial y Deportaciones Masivas: Abusos de derechos contra personas de ascendencia haitiana en la
República Dominicana, por la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Nueva York - Salud sin estigmas: El impacto de las políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana, por
Amnistía Internacional.
Si tiene alguna pregunta o cree que sería útil concertar una llamada telefónica, póngase en contacto con
nosotrxs.
Atentamente,
Colectivo HaitianosRD
Movimiento Reconocido
MOSCTHA (El Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental)
Proyecto de Migración Haitiana de La Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York
- ENGLISH -
To the Ambassadors of CARICOM Member States and their offices
We write to you as grassroots civil society organizations based in the Dominican Republic (El Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA), Movimiento Reconoci.do, y el Colectivo HaitianosRD), in coalition with the Haitian Migration Project of the NYU Law Global Justice Clinic, to share about the human rights violations committed by the Dominican government, including the ongoing denial of the right to nationality. We write ahead of the Fiftieth (50th) Regular Meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community (CARICOM), and as you consider the request from the Dominican Republic for associate membership status in CARICOM.
As CARICOM considers the request from the Dominican Republic for full membership, CARICOM must confront the serious human rights abuses being carried out by the Dominican government against Haitian migrants and Dominicans of Haitian descent. These violations include mass deportations carried out via racial profiling, and the ongoing failure of the Dominican state to address, revoke, and remedy Constitutional Court ruling 168-13 of 2013, that stripped more than 200,000 Dominicans of Haitian descent of their nationality. Today, as many as 150,000 Dominicans of Haitian descent remain stateless.
The Dominican Government is Committing Extreme Human Rights Violations, Including Denying
More than 100,000 People the Right to Nationality, Violating its International Obligations:
The draconian immigration policies adopted by the government of the Dominican Republic have resulted in serious and widespread human rights violations, and must be immediately amended in order to comply with both international and national law. In October 2024, President Abinader’s government announced that it would seek to deport up to 10,000 “undocumented immigrants” per week as a means of “addressing the situation of illegal migration from Haiti,” citing national security reasons. In April 2025, the government announced 15 measures aimed at tightening their migration policy against Haitian migrants and people of Haitian descent. Together, these immigration policies have resulted in arbitrary detentions and collective expulsions, racial discrimination and profiling, violence and inhuman treatment, and separation of families. The Dominican government is targeting Haitian migrants and people of Haitian descent for detention and deportation, regardless of their migration status. Government agents are detaining pregnant women who have sought care at hospitals, separating women from their newborns, deporting minors to Haiti - some of whom have never been there, and violating basic due process guarantees. Over 370,000 individuals were deported to Haiti from the Dominican Republic in 2025. The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has recently expressed its concern regarding immigration policies and has called on the State to “amend all immigration policies incompatible with its international obligations.”
In the Dominican Republic today, mothers have stories of their children being detained after Sunday church service, their children later sent across the border with no money and no chance to speak to their parents first. Nursing mothers are held in detention centers with no bathrooms and no food. On November 14, 2025, a newborn child of a Haitian woman died in Haina Detention Center, a situation that the IACHR expressed its concern about. This death is not an isolated incident: it is part of a systematic pattern of serious violations resulting from racist policies implemented by a government that has established a de facto state of exception and operates with almost total impunity. In the past 18 months, systemic human rights abuses have worsened, with some advocates and human rights organizations reporting that the Dominican government risks ethnic cleansing.
The Dominican Government Has Failed to Address and Remedy Statelessness:
Furthermore, statelessness of Dominicans of Haitian descent remains a critical issue. On September 23, 2013, the Constitutional Court of the Dominican Republic issued ruling 168-13, which retroactively deprived more than 200,000 Dominicans of Haitian descent of their nationality. Today, more than twelve years later, despite outrage from the international community and the subsequent adoption of Law 169-14 of 2014, up to 150,000 Dominicans of Haitian descent remain stateless. There has been no real and effective solution for the Dominican population of Haitian descent, which the Dominican government categorically divided and segmented into subgroups. The Dominican Republic is home to the largest stateless population in the Western Hemisphere, and people live in extreme vulnerability. Their access to education and university has been drastically limited, as well as their ability to access healthcare and employment. Young people who finished school six or eight years ago have not been able to enroll in university because they are considered foreigners in their own country or because they do not have documentation. Stateless persons live in conditions that affect their personal, social, economic, and intellectual development, both individually and as a community. Mothers and fathers who want to give their children a name and nationality cannot do so because the state has denied them the opportunity to obtain documentation. Entire generations of Dominicans are subjected to the humiliation of having their nationality questioned in their own country.
Stateless persons live in constant fear and face oppression and discrimination. In the absence of state protection, they are affected by the policies and measures implemented by the Dominican government to “tighten” current immigration policies. Stateless persons live under the constant risk of being detained and expelled to a country they have never known. As highlighted by the IACHR, immigration detention operations also affect Dominican citizens of Haitian descent and, in particular, those of African descent, due to the use of racial profiling by Dominican authorities in immigration operations and because these individuals “are unable to prove their nationality due to the deficient implementation of Law 169-14 and the lack of other durable solutions for stateless persons.”
Effects of Discriminatory Policies and Xenophobia:
These grave violations have not abated in 2026. Mass deportations continue to this day, with thousands of people deported each month. As reported by the DGM, January 2026 closed with 38,392 people detained nationwide and more than 35,000 people deported to Haiti. These mass deportation policies using racial profiling are mirrored in the United States, with risks to the lives of Haitian people, as clearly demonstrated in the case of the four Haitian women found decapitated in the border area between the Dominican Republic and Haiti, who had been deported from Puerto Rico.
Private citizens are emboldened by the open racism and xenophobia of the Abinader administration. This month (February 2026), the far-right paramilitary organization Antigua Orden Dominicana (AOD) organized a march where they promoted ethnic cleansing and rallied people to support an ultimatum demanding that Haitians move out of Los Mina, a neighborhood in Santo Domingo, within ten days. AOD and allies stated that if Haitians did not leave, they would “hunt them down.” In addition, since Friday, February 13, the government has carried out around 500 documented arbitrary immigration detentions in Los Mina. Immigration agents acted violently. More information about the events can be found in the press release from the civil society organization Colectivo HaitianosRD.
We reiterate our deep concern about the serious human rights violations against Dominicans of Haitian descent and Haitian migrants in the Dominican Republic. Given the scale and rate of deportations, as well as the increasingly draconian and discriminatory policies being implemented by state actors, we are concerned that ethnic cleansing is becoming an increasingly realistic prospect.
We thank CARICOM representatives for considering this letter. Below we link to digital versions of several reports which provide detailed information of the concerning reality in the Dominican Republic:
- Mass Deportations and State of Emergency in the Dominican Republic by Colectivo HaitianosRD
- Racial Profiling and Mass Deportations: Human Rights Abuses of People of Haitian Descent in the Dominican
Republic by the Global Justice Clinic at New York University School of Law
- Health Without Stigma: The Impact of Migration Policies on the Right to Health in the Dominican Republic by Amnesty International.
Please contact us with any questions, or if it would be helpful to set up a phone call.
Sincerely,
Colectivo HaitianosRD
Movimiento Reconoci.do
MOSCTHA (El Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental)
Haitian Migration Project of the Global Justice Clinic, NYU School of Law