¡Basta de impunidad! ¡10 AÑOS DE INJUSTICIA SIN TULILE!
HONORABLE MAGISTRADA GERMAN BRITO,
Procuraduría General de la República. –
El 11 de febrero 2025 fue el décimo aniversario del vil asesinato de Jean Claude Harry, conocido popularmente como “Tulile”, hecho que conmovió a toda la sociedad dominicana. Fue un horrendo linchamiento racista, en contra de un joven trabajador migrante haitiano, cuyo cadáver fue encontrado colgado de un árbol en el parque público Ercilia Pepín de Santiago. Sucedió cuando en el país crecía una campaña de odio, violencia y racismo antihaitiano, como consecuencia de la Sentencia 168-13 y la adopción de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condición migratoria irregular.
Durante diez años hemos exigido justicia y que no haya impunidad para los asesinos. Sin embargo, tanto las autoridades gubernamentales durante los mandatos de Danilo Medina y Luis Abinader, como Jean Alain Rodríguez y usted, Miriam Germán Brito, a la cabeza de la PGR, han sido incapaces de investigar y castigar este gravísimo crimen. Se confirma una vez más que en la República Dominicana los crímenes racistas siguen siendo favorecidos por la impunidad.
El 22 de octubre del año pasado, el Colectivo #HaitianosRD, junto con el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Movimiento Reconocido, Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), MOSCHTA, Heartland Alliance International y el colectivo Junta de Prietas, le hemos dirigido una carta en la cual solicitamos el esclarecimiento de ese atroz crimen, y que respondan los responsables ante la justicia. Aún no hemos recibido respuesta a dicha comunicación.
Magistrada Germán Brito, permítanos recordarle que fue la quinta vez que hemos acudido junto con otras organizaciones sociales para solicitarle respuesta de ese caso y de otros linchamientos y de crímenes de odio racista en contra de miembros de nuestra comunidad. La primera vez fue en 2019. Aunque en diciembre de 2022 usted nos concedió una única audiencia para poder escuchar “a viva voz” nuestras denuncias sobre las notorias violaciones de derechos humanos, ampliamente documentadas a través de los medios de comunicación, informes de derechos humanos y redes sociales, nunca recibimos respuestas a los requerimientos que hicimos. No se actúa contra las flagrantes violaciones al debido proceso por parte de fuerzas policiales, militares y migratorias en el marco de la política ilegal de deportaciones masivas, lo cual erosiona el Estado de derecho.
Dicha política de deportaciones masivas del gobierno del presidente Abinader se intensificó el 2 de octubre pasado mediante el anuncio de una cuota de 10,000 personas semanales a ser expulsadas hacia Haití. La violencia diaria, los allanamientos sin orden judicial en las madrugadas, el perfilamiento racial, los tratos degradantes, la detención de mujeres embarazadas, las torturas y los asesinatos por parte de los cuerpos castrenses, de agentes policiales y migratorios dominicanos en contra de nuestra comunidad se ha normalizado y se ha instalado un estado de excepción de facto, al suspenderse en los hechos la aplicación de las garantías constitucionales al debido proceso, que incluyen el derecho a la defensa y el derecho a la inviolabilidad de la vivienda.
Las violaciones por parte de agentes represivos a la Constitución, al Código Penal y a la propia Ley de Migración de República Dominicana son permanentes, al amparo de la impunidad. En los reportes nacionales e internacionales de derechos humanos abunda la documentación acerca de la detención y expulsión ilegal de menores de edad no acompañados, algunos incluso habiendo nacido en el país antes de la reforma constitucional de 2010. Nos preocupa especialmente la inacción de la PGR ante los atentados contra los derechos de la niñez. Organismos como el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), UNICEF, Amnistía Internacional y otras organizaciones, han alertado sobre estas expulsiones ilegales de infantes no acompañados. Es hora de que la PGR tome acciones para restituir el Estado de derecho y las garantías constitucionales. Nuestro colectivo ha estado y seguirá firme en su clamor de justicia, como lo hemos hecho en años anteriores, hasta que las autoridades competentes investiguen y castiguen el crimen contra Tulile.