El 10 de febrero en horas de la mañana, un trabajador haitiano fue asesinado a manos de los militares, mientras llegaban a su lugar de trabajo a bordo de un autobús en Cap Cana, en la Provincia La Altagracia, decenas de trabajadores haitianos de la construcción sufrieron un ataque por parte de agentes de la Dirección General de Migración (DGM), quienes les dieron persecución hasta la Puerta 17. Al pararse el autobús, algunos trabajadores fueron detenidos arbitrariamente, mientras que otros intentaron evadir a sus perseguidores. Los agentes represivos la emprendieron a tiros contra los trabajadores, que lanzaron piedras para defenderse.

Según denuncias de activistas defensores de los derechos humanos de la zona Este, la DGM constantemente realiza allanamientos sin orden judicial, en contra de los trabajadores haitianos de este polo de desarrollo turístico e inmobiliario, construido casi en su totalidad por la mano de obra inmigrante. El 9 de febrero, los agentes habrían arremetido contra la comunidad de Los Cuatro Caminos, realizando allanamientos arbitrarios, robos en viviendas y detenciones. Se denuncia que en este caso la empresa constructora adeudaba a los trabajadores salarios desde el mes de diciembre y podría ser cómplice de la actuación de la DGM, para evadir el pago. Una alianza entre empresarios y autoridades migratorias que ha sido denunciada desde hace muchos años, tanto en la construcción como en otras industrias.

Numerosos videos evidencian el uso desproporcionado de las armas de fuego por parte de los represores. Se ha informado que el trabajador asesinado se llamaba Jean Modes Fontas, de 37 años, mientras que el trabajador Stanjunior Saurin, de 36 años, fue herido de bala en un brazo. Versiones aún no confirmadas plantean que serían dos los trabajadores asesinados. Para aplastar la protesta se habrían desplegado refuerzos policiales provenientes de Verón, Higüey y otras localidades. Medios de comunicación nacionales difundieron noticias falsas para incitar al odio racial, hablando de una supuesta “sublevación” de “dos mil haitianos”, intentando así legitimar la brutal represión del gobierno.

La DGM anunció la deportación de 71 trabajadores y la criminalización de siete trabajadores por supuesta alteración del orden y violaciones a la ley de migración. La Procuraduría General de la República no debe permitir la deportación de personas que han sido víctimas y testigos de una actuación criminal de la DGM que culminó con al menos una persona asesinada y varias heridas. Exigimos la liberación de los trabajadores detenidos y denunciamos que las deportaciones son un intento de entorpecer la investigación sobre la represión para garantizar la impunidad. Exigimos brindar garantías judiciales y protección a todos los trabajadores para que puedan dar su testimonio en un proceso judicial contra los agentes asesinos.

Recordamos que el Estado dominicano ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Masacre de Guayubín, perpetrada por militares en el año 2000, al perseguir y disparar contra un camión que transportaba a personas haitianas, asesinando a siete personas. Posteriormente los culpables del crimen fueron protegidos por las autoridades. La represión en Cap Cana también recuerda el ataque reciente contra los obreros de la construcción en Ciudad Juan Bosch en mayo de 2022, cuando diez obreros fueron heridos, varios de ellos de bala, por agentes policiales y migratorios.

El gobierno de Abinader se jacta de haber realizado deportaciones masivas que afectaron a más de 154 mil personas en 2022, casi en su totalidad haitianas. Para ejecutar esta política, el gobierno viola sistemáticamente las propias leyes dominicanas. Detenciones arbitrarias, robos, extorsión, reclusión en centros hacinados e insalubres, expulsión de infantes separados de sus familias y de mujeres embarazadas, son parte de la cotidianidad para las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, como consecuencia de esta política gubernamental. Proliferan también las acciones criminales de mafias de trata de personas ligadas a los cuerpos policiales, militares y la DGM.

Exigimos al gobierno de Abinader cesar estos brutales ataques a los derechos y la dignidad de las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana y poner fin a su campaña racista de deportaciones masivas. Asimismo, le exigimos que respete la libertad sindical y permita a los trabajadores inmigrantes organizarse sindicalmente.

Debemos movilizarnos contra estos crímenes de Estado que apuntan a la consolidación de un régimen de apartheid que oprime y discrimina sistemáticamente en base a una clasificación racial de la población. Llamamos a la solidaridad internacional de las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y que luchan contra la discriminación racial y el apartheid.

¡Juicio y castigo para los asesinos de Cap Cana!

¡Alto a la política de persecución racista y antiobrera de Abinader!

#LasVidasHaitianasImportan #UnidadContraElRacismoRD
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Firmas

Colectivo #HaitianosRD, Coordinadora Popular Nacional, Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (MST), Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), Movimiento Reconocido, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, Movimiento Caamañista, Izquierda Revolucionaria, Grupo de Jóvenes Batey Los Jovillos, Unión de Trabajadores Cañeros, Fundación Código Humano, Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba, Junta de Prietas, MOSCTHA, ASOPIDHA, INCAPID-GLEFAS, Cañeros Organizados, Liga Haitiana Internacional