En el marco del diálogo nacional sobre “La crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”, convocado por el presidente Luís Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía en el Consejo Económico y Social (CES), desde el Colectivo #HaitianosRD presentamos una propuesta con aportes claves para la discusión, en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes de origen haitiano.

La propuesta sometida a ese espacio de diálogo por #HaitianosRD alerta sobre una situación crítica de violaciones sistemáticas de derechos humanos que configuran un estado de excepción de facto en el país. Entre las denuncias, se destacan deportaciones masivas arbitrarias, allanamientos ilegales, detenciones por perfil racial, reclusión en condiciones inhumanas, e incluso casos documentados de torturas, asesinatos y violencia sexual cometidos por agentes estatales.

Como Colectivo #HaitianosRD, creemos que “el Estado dominicano debe poner fin a la política de persecución y odio racial hacia la comunidad haitiana”. También solicitamos al gobierno que se respeten las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por la República Dominicana.

En nuestro documento ampliados de posicionamiento recordamos que la migración haitiana ha sido históricamente clave para el desarrollo económico del país, especialmente en sectores como la agroindustria y la construcción, aportando cerca del 7.4% del PIB. “La población inmigrante no representa una carga para la República Dominicana como se ha pretendido dar entender, sino una contribución económica importante, social y cultural”, señalamos #HaitianosRD.

Reiteramos, que la falta de mecanismos efectivos para la migración legal y ordenada ha empujado a muchas personas caer en las redes de trata y tráfico que ponen sus vidas e integridad en peligro. Criticamos en ese sentido, la retirada del proyecto de ley contra la trata de personas por presión de sectores ultraconservadores, lo que se considera como una señal peligrosa de impunidad y falta de voluntad política y estatal de lucha contra ese flagelo.

Igualmente, hacemos un ferviente llamado a que se detengan las deportaciones masivas y retiro de los agentes de migración de los hospitales públicos, mientras se discuten las vías necesarias para la creación de un plan de regularización en el marco de las conversaciones del CES con el Poder Ejecutivo, los empresarios y los líderes de los principales partidos políticos nacionales.

Como organización de defensa de los derechos humanos en el país, especialmente de la población de origen haitiano, “creemos que cualquier forma de solución, tendente a regularizar a los migrantes debe ser ‘’un proceso basado en criterios claros, justos y transparentes, que abarque tanto a los trabajadores y sus familias, y así toda persona inmigrante que se encuentre en el país que desea regularizar su estatus bajo las normativas migratorias actuales, y que las personas puedan optar por un estatus migratoria más estable, dentro de la categoría de “Residente” amparado en la Ley General de Migración 285-04, y procurar que las evaluaciones de cada caso pueda ser individual, familiar y sin discriminación’’.

EN #HAITIANOSRD EXIGIMOS AL CES Y AL GOBIERNO DOMINICANO:

1. El respeto de la dignidad humana y el cese inmediato del estado de excepción de facto. Se deben restituir las garantías constitucionales y proteger a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, menores de edad y solicitantes de asilo.
2. La implementación de un proceso extraordinario de regularización migratoria, con criterios claros, justos y transparentes, basado en la Ley General de Migración 285-04 y accesible para trabajadores/as, sus familias y cualquier persona inmigrante que desee regularizar su estatus.
3. El fin de las deportaciones masivas y el perfilamiento racial, así como el respeto al debido proceso legal. Se debe garantizar el acceso a defensa jurídica, a una revisión judicial imparcial y a condiciones dignas de detención.
4. Permitir la inspección independiente de los centros de detención, como el de Haina, por parte de organizaciones de derechos humanos, y garantizar el derecho de las personas detenidas a recibir visitas de familiares y abogados.

Concluimos de que una política migratoria justa y humana no solo es compatible con el ordenamiento jurídico dominicano, sino esencial para fortalecer la democracia y el Estado de derecho, en un momento en que el país enfrenta importantes desafíos en materia de gobernabilidad, cohesión social y en sus relaciones internacionales.

Documento íntegro de posicionamiento --->