Señor presidente Luís Abinader Corona,

En estos momentos, comunidades en las que residen inmigrantes haitianos en la República Dominicana, principalmente trabajadores de la construcción concentrados en las zonas de Uvero Alto, Bávaro, Cap Cana, Verón y Punta Cana, están siendo sometidos a hostigamiento, acoso y extorsión de manera sistemática por agentes migratorios, policiales y militares.

Desde el gobierno se asegura que los trabajadores haitianos son una carga económica para la República Dominicana y una amenaza para la seguridad y la soberanía, pero esto no es cierto. Basta con mirar los hoteles construidos por trabajadores haitianos en el polo turístico del Este para entender que el trabajo inmigrante ha aportado enormemente al desarrollo económico del país, pese a recibir salarios generalmente muy bajos y sufrir violaciones a sus derechos laborales. Lo mismo puede decirse del aporte inmigrante a la agricultura y el sector de los servicios, y a la sociedad en general. Le llamamos a detener los discursos estigmatizadores y que incitan al odio racial contra los trabajadores y las comunidades inmigrantes haitianas.

La política de expulsiones colectivas, definida explícitamente en la cuota semanal de diez mil expulsiones definida por su gobierno, ha tenido consecuencias muy graves en materia de derechos humanos y se ha traducido en la vulneración de la propia Ley de Migración 285-04, con la detención de niños y niñas sin acompañamiento de familiares, mujeres embarazadas y personas de avanzada edad. En el sector de la construcción, se ha intensificado la conocida práctica de retención durante meses de los salarios a miles de trabajadores, acompañada de presión migratoria y represión policial, para dejar sin efecto, postergar, fraccionar o simplemente evadir los pagos correspondientes. Es cada vez más frecuente el robo de los salarios de los trabajadores de la construcción que son deportados.

Debido a que los empresarios de la construcción mantienen en una extrema precariedad laboral a las y los trabajadores de la construcción inmigrantes haitianos, es recurrente la práctica de entregar los salarios de la nómina informal en efectivo a los maestros constructores para que estos realicen el pago individualizado a cada trabajador. Con la complicidad de los grandes empresarios de la construcción, estos maestros constructores se roban los salarios de los trabajadores. Esta práctica frecuente desencadenó la protesta en demanda del pago de salarios en la que el empleado Héctor Ramírez Pérez asesinó al trabajador haitiano Pierre Presnor e hirió de bala a otro en el sector Uvero Alto el día 22 de marzo de este año.

El gobierno, particularmente el Ministerio de Trabajo, son corresponsables del desarrollo de esta situación de violación de los derechos humanos y laborales que ha tenido consecuencias fatales. Alertamos acerca de la injusticia de mantener presos a seis trabajadores que son víctimas del ataque armado de Ramírez Pérez y exigimos su inmediata liberación, así como la indemnización a la familia de Pierre Presnor y que se enjuicie y condene ejemplarmente a Ramírez Pérez y su cómplice, el maestro constructor Guillermo Filpo Sotos, actualmente prófugo.

En este contexto, resulta muy preocupante que desde el 21 de marzo precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se viene anunciando una movilización racista hacia la comunidad Hoyo de Friusa, donde habitan centenares de obreros de la construcción, a realizarse el 30 de marzo. Se trata de una grave provocación por parte de la organización paramilitar y terrorista autodenominada Antigua Orden Dominicana, y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A pesar de tratarse de una marcha ilegal, pues varios de sus convocantes están llamando a asistir con armas de fuego, entre ellos el influencer Esmerlin Santiago Matías, alias Alofoke, el Ministerio de Interior y Policía emitió una resolución de No objeción a la realización de la marcha. Esta provocación por parte de una organización paramilitar tiene antecedentes en numerosas agresiones violentas a defensores de derechos humanos. Está documentado que la Antigua Orden Dominicana secuestra a personas haitianas y las entrega a las autoridades, y que miembros de esa organización involucrados en estas actividades ilegales han sido cooptados a las filas de la Policía Nacional. Llamamos a su gobierno a no continuar alentando las actividades ilegales de esa organización.

Entendemos que la marcha del 30 de marzo puede devenir en una tragedia de enormes dimensiones que usted tiene el deber de impedir o a cargar con la responsabilidad de sus consecuencias en el territorio nacional y su repercusión internacional.

Firman

Colectivo #HaitianosRD, Movimiento Reconocido, Movimiento Socialista Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana (MST), Movimiento Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP), Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Movimiento Socio-Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA), Movimiento Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Colectivo Migración y Derechos Humanos, Coordinadora Popular Nacional (CPN), Articulación Nacional Campesina (ANC), Aquelarre RD, Liga Haitiana Internacional (LIHAITI), Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes Línea Noroeste (ASOMILIN), Union Democrática de Mujeres (UDEMU), Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Diversidad Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir, Alianza Cristiana Dominicana, Grupo de Jóvenes del Batey Los Jovillos.