Colectivo #HaitianosRD. -

Como consecuencia del protocolo ilegal instituido por el gobierno nacional el 21 de abril del presente año, que ha acelerado las expulsiones de mujeres embarazadas y recién paridas, haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, se multiplican diariamente los abusos más espeluznantes contra los derechos humanos, la decencia y la dignidad humana.

Habíamos advertido que ocurriría en declaraciones anteriores: la política misógina, criminal y racista del gobierno dominicana ha cobrado la vida de una mujer. El 9 de mayo, en el distrito municipal de Pedro Sánchez, en El Seibo, murió Lourdia Jean Pierre, de 32 años, al dar a luz en su casa sin asistencia médica, temiendo ser delatada por el personal médico y entregada a los agentes migratorios, tal y como dicta el protocolo. Esta trágica muerte, que deja a cuatro infantes en la orfandad, es consecuencia de la política gubernamental que deliberadamente busca impedir que mujeres embarazadas haitianas, despectivamente denominadas «parturientas» por las autoridades y estigmatizadas como una supuesta carga económica, reciban atención médica en los hospitales.

Entre los cientos de casos que se han presentado desde la entrada en vigor del protocolo ilegal, también destaca el caso de Manitha Jean Louis, mujer haitiana de 31 años unida en una relación de hecho con un hombre dominicano, padre de su hija nacida el 2 de mayo. El parto presentó complicaciones y fue realizado mediante cesárea en presencia de un cuadro de hipertensión, por lo cual fue considerado un parto de alto riesgo por los profesionales médicos que la atendieron en el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras de Monte Plata. En estas condiciones, sin haberse recuperado plenamente de la intervención, agentes migratorios la detuvieron y apenas recibió el alta, el 6 de mayo, fue llevada al centro de detención de Haina, conocido por sus condiciones insalubres y de hacinamiento. Fue expulsada el 8 de mayo a la localidad haitiana de Belladères.

La actuación ilegal de la DGM, violatoria de la propia Ley 285-04 de Migración y su reglamento, así como de la Constitución dominicana, llevó a la muerte a Lourdia Jean Pierre y puso en riesgo la vida de Manitha Jean Louis y su bebé, Milagros, dominicana por nacimiento. El Reglamento de la Ley de Migración que dicta en su artículo 134-Párrafo que la “detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”. Además, la propia Ley 285-04 General de Migración prevé en su artículo 137 que la “deportación o expulsión dispuesta por la Dirección General de Migración deberá ser motivada y la misma deberá informar a los extranjeros de los recursos legales con los que cuenta. La decisión de la autoridad migratoria está obligada a preservar los principios de legalidad de un debido proceso”.

Tanto la madre como su bebé, Milagros, en ninguna circunstancia debieron ser expulsadas, dado que la Ley de Migración no permite la detención migratoria y expulsión de infantes ni de madres lactantes. En este caso, como en la enorme mayoría de las deportaciones que se están llevando a cabo, como parte de un proceso de expulsión colectiva, no se ha observado el principio de derecho a la defensa, las garantías del debido proceso, y ni siquiera se permitió al abogado de la familia reunirse con Manitha Jean Louis en el centro de detención de Haina.

Todas las semanas hay miles de violaciones de las garantías constitucionales, legales y los derechos humanos, como consecuencia de la decisión del gobierno de realizar la expulsión colectiva de la comunidad inmigrante haitiana en el país. Esta violación sistemática de las garantías constitucionales constituye un Estado de excepción en los hechos, aunque no haya sido declarado formalmente.

Llamamos a las organizaciones feministas a denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los ataques a las mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, a no guardar silencio cómplice ante estos graves crímenes. Llamamos a los abogados comprometidos con los derechos humanos a emprender acciones tendientes al restablecimiento de la legalidad, buscando la declaratoria de inconstitucionalidad de las acciones arbitrarias de las autoridades, como la detención con fines de expulsión de mujeres gestantes y con bebés en brazos.

Pedimos a las organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales a condenar estas acciones ilegales del gobierno dominicano y a defender la vigencia de las protecciones legales de las que debe gozar todo ser humano, independientemente de su estatus migratorio.

Por último, demandamos al gobierno dominicano derogar inmediatamente el protocolo ilegal que niega el derecho constitucional a la salud pública y gratuita. Exigimos indemnizar a la familia de Lourdia Jean Pierre y transportar a Manitha Jean Louis de regreso a su comunidad en Monte Plata para reunirse con el padre de su hija y garantizarle atención médica a ella y a su bebé Milagros hasta su plena recuperación, así como indemnizarla por su detención migratoria y expulsión, acciones ilegales que han colocado, y continúan colocando, en riesgo su vida y la de su bebé.