Santo Domingo
Desde la comunidad haitiana en República Dominicana expresamos nuestra profunda consternación ante la nueva masacre de las pandillas en la madrugada del 23 a 24 de agosto, asesinando a 47 personas y secuestrando a unas 50 personas, entre las cuales hay mujeres y niños/as.
Ante la gravedad de estos hechos y el dolor que nuevamente atraviesa al pueblo haitiano, extendemos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y nuestra solidaridad a todas las personas que han sufrido las consecuencias de la violencia, ante la indiferencia y la irresponsabilidad del gobierno de Alix Didier Fils-Aimé.
Esto evidencia nueva vez el fracaso de las autoridades haitianas en garantizar la protección de la población, mientras están prometiendo la celebración de elecciones en diciembre de este año. Ese fracaso está compartido con la denominada Fuerza de Represión de Pandillas, desplegada por la ONU y la “comunidad internacional”.
Desde HaitianosRD exigimos que se investiguen de manera seria, independiente y transparente los hechos ocurridos en Kenscoff, Cité Soleil, Plaine du Cul de Sac y otras zonas del país, que se identifique a los responsables materiales e intelectuales y que quienes hayan participado en estos crímenes, sin importar su posición, organización o influencia, respondan ante la justicia. La población exige y merece explicaciones, ya que ha sido denunciado por la sociedad civil que la comuna de Kenscoff no disponía de ningún dispositivo de seguridad y que el único tanque blindado que tenía asignado había sido movido una semana antes de ese nuevo ataque.
Junto con otras organizaciones sociales y de la diáspora haitiana condenamos las acciones de las pandillas, que están diezmando al pueblo trabajador, así como al corrupto e inepto gobierno haitiano y sus jefes del Core Group y la BINUH.
En este marco resultan aún más criminales las políticas de deportaciones masivas adoptadas por los gobiernos de República Dominicana, Estados Unidos y otros países de la región.
En medio de la situación de crisis humanitaria, la inseguridad y las constantes violaciones de derechos humanos que sufre nuestro pueblo en Haití, el gobierno de Donald Trump ha eliminado el estatus de protección temporal (TPS en inglés) a las personas haitianas que viven en Estados Unidos, afectando a unas 350,000 personas. Ya ha deportado a unas 250 personas a Haití a pesar de todos los informes que el mismo Departamento de Estado ha publicado diciendo que no es seguro viajar a Haití. Del lado de República Dominicana, el gobierno de Abinader ha seguido con su política de deportaciones masivas, deportando a cientos de miles de personas cada año, afectando incluso a mujeres embarazadas, menores de edad y personas en situación de extrema vulnerabilidad protegidas por la Constitución y las leyes dominicanas.
La CIDH en su comunicado del 15 de mayo de 2025 recordó a los gobiernos la importancia de “respetar el principio de no devolución que prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida, integridad o libertad personal corran riesgo de violación. Este principio constituye una norma imperativa del derecho internacional y no admite derogación.” Exigimos respetar la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La masacre de Kenscoff no debe quedar en la impunidad ni debe aprovecharse cínicamente para imponer más intervencionismo como el que ha generado la actual crisis. Exigimos castigo a las pandillas y sus aliados de la oligarquía.