El 28 de septiembre del año 2021, el Consejo Nacional de Migración anunció que arreciaría la persecución contra la comunidad inmigrante, estableciendo un lapso de tres meses para empezar a aplicar multas de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten a trabajadores inmigrantes ''sin visa de trabajo''. También se vigilará el cumplimiento de los artículos 135 a 140 del Código de Trabajo Balaguerista y se anunció que las mujeres extranjeras no residentes con 6 meses de embarazo que ingresen al país deberán contar con un seguro internacional de salud y prueba de solvencia económica.

El lenguaje impreciso de la resolución, al referirse a mujeres “visiblemente embarazadas”, abre las puertas a una mayor arbitrariedad, brutalidad y corrupción por parte de las autoridades policiales y militares en la frontera, propiciando violaciones a los derechos humanos. La medida no solo busca restringir el ingreso al país de inmigrantes embarazadas. Al instruir en el artículo 3 de la resolución a las autoridades de los hospitales a exigir el seguro médico internacional, se afectaría a mujeres haitianas que ya viven en territorio dominicano, e incluso a mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que resultaron desnacionalizadas por la Sentencia 168-13 y se encuentran actualmente en situación de apatridia. La medida también afectaría a inmigrantes venezolanas sin visa de residencia ni seguro médico internacional.

Aunque muchos médicos y trabajadores de la salud honrarán su responsabilidad y desobedecerán al gobierno, la resolución da pie a que algunos racistas en el sistema de salud se nieguen a atender partos de mujeres inmigrantes o dominicanas de ascendencia haitiana. Esta es una política criminal que puede acarrear muertes. Irónicamente, el gobierno y los sectores que promueven esta política criminal son los mismos que se oponen a reconocer el derecho al aborto en el nuevo Código Penal bajo el falso argumento de “proteger las dos vidas”. El racismo y la misoginia van de la mano.

Medidas Balagueristas contra la clase trabajadora

Las medidas de Abinader están dirigidas contra todos los trabajadores inmigrantes. A los que carecen de visado de trabajo, se exige su despido luego de transcurridos tres meses, sin que exista un plan de regularización. A los trabajadores con visa de trabajo se pretende aplicar el Código de Trabajo Balaguerista de 1992, cuyo título I “De la nacionalización del trabajo o el empleo” establece que ninguna empresa puede contratar más de 20% de trabajadores extranjeros. Esto no aplica solo a empresas grandes, el artículo 137 aclara que “si se trata de un solo trabajador, éste debe ser dominicano”. Al momento de realizar despidos, las empresas primero deben despedir a los trabajadores extranjeros.

Sin embargo, la misma ley faculta al ministro del Trabajo a no aplicar estos artículos discrecionalmente a algunas empresas, también puede otorgar permisos por un año para la contratación de braceros extranjeros en empresas agrícolas, más allá de la cuota del 20%. Esta discrecionalidad abona a la corrupción y el clientelismo. Aunque algunos empresarios han expresado preocupación, la mayoría sabe que la persecución contra los trabajadores se traducirá en mayor precarización y superexplotación.

Estas medidas son parte de una campaña xenófoba y racista del gobierno. En enero de 2021, el director general de migración anunció que se multarían a los transportistas que brinden servicios a inmigrantes sin visa y a quienes alquilen viviendas a inmigrantes sin visa de residencia, alentando a civiles que no tienen funciones de control migratorio u orden público a perseguir a la comunidad inmigrante. El gobierno incluso ha dejado de pagar centenares de pensiones a trabajadores cañeros.

La histeria racista y xenófoba pretende ocultar el ajuste

Mientras el gobierno reduce el presupuesto de Salud, Educación, Mujer, Cultura, Deportes y Medio Ambiente, aumenta los presupuestos de Interior y Policía y Defensa. En esto último se incluye la construcción del muro fronterizo con miles de millones de pesos a ejecutarse mediante gasto secreto y en alianza con Israel, país que lleva a cabo un apartheid racista, como el que pretende implementarse en nuestro propio país.

Debemos rechazar la política agresiva de Abinader, quien solicitó a la Asamblea General de la ONU una intervención extranjera en Haití para evitar que República Dominicana siga “cargando” con el vecino país. En la primera mitad de septiembre se detuvo y deportó a más de 3,800 haitianos, en operativos en los que se incautaron también vehículos y motocicletas.

¿Hasta dónde pretende llegar Abinader?

La realidad es que Haití es el único país con el que República Dominicana tiene un amplio superávit comercial y la comunidad inmigrante aporta con su trabajo entre un 7% y un 9% del PIB dominicano. No son una carga. La verdadera carga para el pueblo dominicano no son los trabajadores o las mujeres inmigrantes sino los capitalistas explotadores, que en muchos casos ni siquiera pagan impuestos, y los políticos corruptos que les sirven.

Llamamos a la clase trabajadora y las organizaciones populares a cerrar filas contra el ajuste de Abinader y su intento de encubrirlo manipulando al pueblo con una agitación xenófoba y racista. No permitamos que el gobierno desvíe la atención de la lucha contra la megaminería, contra las AFP y ARS, dividiendo al pueblo trabajador y pasando a la ofensiva contra todos nuestros derechos.

Basta de criminalizar al trabajador inmigrante e incitar el odio racial para dividir a la clase trabajadora. Pensiones para los cañeros ya. Regularización de la comunidad inmigrante ya y que se respete el principio universal de igual pago por igual trabajo, sin discriminación de género, racial o por nacionalidad. Esa es nuestra respuesta al gobierno y la haremos escuchar en las calles.

Organizaciones firmantes:

Coordinadora Popular Nacional, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Militancia Revolucionaria Socialista (MRS), Haitianos RD, Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, Aquelarre RD, Código Humano.