El presidente Abinader ha reaccionado violentamente al llamado de atención que ha recibido a nivel internacional por sus masivas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana. El presidente ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas, y ha emitido el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas. Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno.
Rechazamos estas amenazas y el recrudecimiento de la persecución racista contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. Recordamos que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de noviembre un comunicado llamando a todos los Estados a suspender el retorno forzado de personas haitianas a su país, dada la situación de crisis humanitaria. El Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas de personas que buscan refugio y las detenciones arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derecho al refugio.
Antes de ello, incluso el 28 de octubre el gobierno estadounidense aliado al gobierno de Abinader, a través de la funcionaria Uzra Zeya, solicitó tomar medidas contra la trata de personas y específicamente recomendó proteger de la trata a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Está ampliamente documentada la participación de agentes militares y policiales dominicanos en el negocio del tráfico de personas. El 10 de noviembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, insistió en un breve comunicado en el llamado a no continuar las expulsiones hacia Haití, y pidió al gobierno dominicano “aumentar los esfuerzos para prevenir la xenofobia, discriminación y formas relacionadas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”.
Abinader respondió desde el Palacio Nacional que consideraba la declaración del representante de la ONU como “inaceptable e irresponsable”, y amenazó con no solo mantener el actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo. Contradictoriamente, dijo que el Estado dominicano “ha sido mucho más solidario que todos los países del mundo”, y repitió el viejo cuento de que los inmigrantes haitianos son una carga económica. El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio.
Subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales. Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.
Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas.
Más allá de las críticas que tenemos al rol de la ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante un alarmante escalamiento de la política racista y xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el llamado a una intervención militar internacional contra Haití. Entre enero y septiembre de este año, el gobierno dominicano ha realizado más de 85 mil expulsiones de personas haitianas, según cifras oficiales. El gobierno dominicano ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios.
La Dirección General de Migración (DGM) viola la Constitución, que establece que los agentes que realizan cualquier detención deben identificarse. También son comunes los allanamientos de viviendas sin orden judicial. Además, se violan todos los protocolos binacionales en materia migratoria, con la expulsión de personas por puntos fronterizos no oficiales, en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones. A todo esto, se suma la extorsión cotidiana que sufren las personas inmigrantes y dominicanas de ascendencia haitiana por parte de agentes policiales y migratorios, la detención en centros insalubres, el hacinamiento en los autobuses de la DGM, y el robo de teléfonos celulares y otros bienes. En algunos casos, ha habido torturas y asesinatos por parte de los agentes policiales y migratorios en el marco de estos operativos.
La cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana. La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano. Las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones, pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.
Esta política autoritaria, antidemocrática, que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población para satisfacer a la extrema derecha, lejos de mostrar fortaleza es un síntoma de debilidad. El presidente es incapaz de dar una respuesta pública a la extrema derecha que llama a boicotear el censo nacional, pero se muestra duro y “patriótico” ante los organismos de derechos humanos. También compite en antihaitianismo con la derecha antivacunas, anti-aborto y anti-censo que participa junto al Instituto Duartiano, institución estatal, en marchas neofascistas.
El reconocimiento de la condición de refugiados de un grupo de personas no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país. En los últimos años, millones de refugiados venezolanos, sirios y ucranianos han salido de sus países sin que se haya generado ninguna fusión de países o cesión de territorios. Es inaceptable que la política pública se base en teorías conspirativas racistas e ideologías neotrujillistas.
Llamamos a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22.
¡Abajo el decreto 668-22!
¡Las vidas haitianas importan!
¡Ni apartheid ni limpieza étnica en la Republica Dominicana!
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Firmas
República Dominicana
Movimiento Reconocido, Coordinadora Popular Nacional, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Movimiento Caamañista, Izquierda Revolucionaria, Colectivo HaitianosRD, Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM), Agenda Solidaridad, Red Urbano Popular, Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), Unión Democrática de Mujeres (UDEMU), Militancia Revolucionaria Socialista, CUDEM, Sindicato de Teatristas de la República Dominicana, Educación Espejo, Acción Afro-Dominicana, Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba RD, Foro Feminista Magaly Pineda, Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Fundación Código Humano, Junta de Prietas, MOSCTHA, Aquelarre RD, Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Movimiento Azueï, Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas, RD es de Todes, Fundación InteRed-República Dominicana, Revista Dominicana
Argentina
Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Lxs Safinas, Ciudades Feministas (CISCSA)
Colombia
Sindicato de Trabajadores Artesanales, Informales e Independientes de Medellín (SINTRAIM), Junta Cívica Paraje El Pinar, AIH Colombia
Ecuador
Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente
Estado español
Equipo del Decenio Afrodescendiente
Estado Unidos
Butterfly Effect NYC, DC AfroLatino Caucus, We Are All Dominican, Compas de la Diáspora, New Politics, Activist News Network, Heartland Alliance International, The People’s Forum, Take Back the Bronx, Workers World Party, Solidarity Center Action, Liberty Shared, Brothers@, Ending the Prison Industrial Complex, NYU Law; Undocubear, Dancing on Desks
Honduras
Colectiva La Maricada
México
Unión Popular Valle Gómez, Mano Amiga de la Costa Chica
Perú
Articulación Feminista Marcosur, Centro Flora Tristán, La Voz del Cajón
Puerto Rico
Movimiento 26 de Abril, Colectivo Cultural Educativo y de Estudios Interdisciplinarios, Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Verbo y piel
Reino Unido
Caribbean Labour Solidarity
Uruguay
Cotidiano Mujer
Firmas Individuales
República Dominicana
Narciso Isa Conde, Movimiento Caamañista e Izquierda Revolucionaria, Altagracia Balcacer, Julio Ortega Frier, Angela Fernin, Foro Feminista Magaly Pineda; Desiree del Rosario Sosa; Roberto Espinal, Colegio Médico Dominicano; Javiela Evangelista; Marcel Méndez Fortuna, Fátima Lorenzo, Walter Cruz, Nelson J. Polanco, Argentina Gutiérrez, feminista; Yildalina Tatem Brache, Mirla Hernández Núñez, María Bizenny Martínez, Carlos Ortiz, Vannia Lara, Micely Díaz Espaillat, Fray David Peralta Ruben, Jenny Torres, Mirla Hernández Núñez, Isabel Espinal
Argentina
Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional electo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) por la Provincia de Buenos Aires, dirigente nacional de Izquierda Socialista (IS); Mónica Schotthauer, delegada ferroviaria y Diputada Nacional electa de IS y FIT-U; Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General del Unión Ferroviaria seccional Oeste; Edgardo Reynoso dirigente ferroviario del Cuerpo de Delegados de Ramal TBA-Sarmiento; Angélica Lagunas, Secretaría Gral de ATEN Capital (Docentes); Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de Izquierda Socialista/FIT; Mariana Scayola (Secretaria General comisión directiva Ademys-docentes de Ciudad de Buenos Aires) y Jorge Adaro (Secretario Adjunto – Ademys); Laura Marrone, dirigente docente de CABA y ex legisladora de IS-FIT en CABA; Mercedes Trimarchi, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora y legisladora electa CABA; Mercedes de Mendieta, Diputada Nacional electa por el FITU por CABA, dirigente nacional de Isadora e Izquierda Socialista; Pablo Almeida, dirigente de Izquierda Socialista, delegado de junta interna ATE Ministerio de Economía y legislador electo CABA por el FIT-U
Bolivia
Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores; Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz
Brasil
Joao Batista Araujo “Baba”, Rio de Janeiro CST-PSOL
Chile
Ranier Rios Puebla, dirigente del MST
Colombia
Elissa L. Lister, Karent Hinestroza
Estado español
Paquita Suárez Coalla; Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y dirigente Lucha Internacionalista (LI); Marga Olalla, delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona, Militante de LI; Miquel Blanch, delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI; M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública y dirigente de LI
EE.UU
Amarilys Estrella, Rocio Silverio, Kleaver Cruz, Yanilda Gonzalez, Stephanie Holguín, Lorgia García Peña, Amaury Rodríguez, Miosotis Pantoja, Yanira Rodríguez, Dorca Reynoso, Raj Chetty, Djokaeff Louissaint, Diana Pérez-Ramírez, Angela Dunne, Natasha Wilson, Sarah Turner, Antonio Herrón Campos, Lindsay Ofrias, Luis Feliz León, Daniela Robles, Felipe Lora Longo, April Mayes, Lissette Acosta, Tatiana Flores, Ariel Francisco, Rebeca Acosta, Quizayra González, Asheesh Siddique, Mariel Acosta, Chantelle Mitchell, Susana Flores, Carlan Vásquez, Margaret Love, Natasha Lightfoot, Stanley Thangaraj, Michael Williams, Karrieann Soto Vega, Edithe Pierre, Sophie Maríñez, Raquel Virginia Cabrera, Bobby Rivera, Tatiana Reis, María José Nolasco, Perla Cuevas, Chandra Talpade Mohanty, Ruthy Alma
Haití
Jhak Valcourt
México
Enrique Gómez y Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), Jesús Torres Nuño, ex presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc)
Noruega
Jorgen Sorlie Yri
Panamá
Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social, Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista
Perú
Jorge Corzo, dirigente del Partido de los Trabajadores Uníos, Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional
Portugal
Verónica Sousa
Puerto Rico
Myrna Aponte, Martha Quiñones, Francisco Concepción, Aníbal Feliciano, Juan A. Gutiérrez, Gladys Escalona, Beatriz Llenín Figueroa, Ruth N. Figueroa, Catherine Betances, Emmily De Los Santos, Lissette Velez-Cross, Isabel Tadmiri, Cindy Núñez
Turquía
Sedat Durel, Secretario General del Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunicación y de centros de llamados; Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia; Oktay Çelik, presidente Partido por la Democracia Obrera (IDP); Gorkem Duru, dirigente de IDP
Venezuela
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv); Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura); Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital; Miguel Ángel Hernández, secretario general Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Jhak Valcourt
México
Noruega
Panamá
Perú
Portugal
Verónica Sousa
Puerto Rico
Turquía
Venezuela