Santo Domingo, RD. Colectivo Haitianos RD.

El 5 de abril, días después de la publicación de la carta abierta dirigida por Amnistía Internacional junto con organizaciones locales, entre ellas el Colectivo #HaitianosRD, en la cual se solicitaba a las autoridades dominicanas el cese de políticas migratorias racistas y violatorias de la Constitución y las leyes, ocurrió un nuevo crimen racista en un operativo de persecución de personas migrantes: la violación de una menor de 14 años de edad por parte de un militar de la Fuerza Aérea que operaba bajo las órdenes de la Dirección General de Migración (DGM). La mayoría de la sociedad dominicana amaneció aquel día, asombrada por ese crimen perpetrado por un militar al servicio de la DGM. Incluso el presidente de la República, que no suele pronunciarse ante crímenes perpetrados durante los operativos migratorios contra la comunidad haitiana, afirmó el 15 de abril que al culpable de la violación se le aplicaría todo el peso de la ley.

Según la denuncia realizada por defensores de derechos humanos en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, y ratificada formalmente por la madre de la víctima, el día 5 de abril de 2024 agentes encapuchados de la DGM llegaron de madrugada al barrio donde vivía la víctima. Realizaban una redada casa por casa. La joven se encontraba sola en su domicilio cuando fue violada sexualmente por el agente Paulino de la Cruz, identificado e imputado por la Procuraduría General de la República (PGR), mientras otro de los agentes de la DGM vigilaba fuera de la vivienda.

El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Santiago Molina, afirmó al denunciar el caso que ha conocido de muchos otros en los cuales las víctimas y sus familias no se atreven a realizar las denuncias por temor a la impunidad y a recibir represalias por parte de las autoridades. El Colectivo #HaitianosRD conoció en el año 2022 un caso de violación a una joven haitiana por parte de agentes policiales en un destacamento en Santo Domingo Este. La joven, quien fue violada al acudir al destacamento para averiguar acerca de la detención arbitraria de un familiar por no tener su pasaporte visado, recibió amenazas y prefirió no presentar una denuncia formal sino regresar a Haití. Más allá de que el gobierno intente lavarse las manos ante estos casos de violencia al imputar a uno de sus autores, e incluso desvincular a la DGM del crimen, la impunidad continúa siendo la norma y lo más grave es que el gobierno continúa propiciando las condiciones en las cuales se perpetran este tipo de crímenes.

El Ministerio Público anunció en una nota de prensa publicada el 27 de abril que logró la imposición de tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz, pero omite un dato muy importante para el caso y nuestra comunidad: es un militar es adscrito a la DGM. Un editorial del medio Acento señala que De la Cruz tenía presumiblemente al menos seis meses trabajando para la DGM, y cuestionamos al igual que ese editorial que la DGM pretenda distanciarse para evitar rendir cuentas ni asumir responsabilidades en este caso, ya que al final la responsabilidad de esta violación corresponde principalmente a esa institución.

Es extremadamente preocupante que el único acusado por el caso de esa violación sea el militar De la Cruz. Este militar formaba parte de una unidad con 13 integrantes que participaban en el operativo ilegal de persecución migratoria en esa comunidad. Ya esto es razón suficiente para que todos sean imputados por este grave crimen de allanamiento ilegal. Pero además, es de conocimiento público que se ha denunciado en la prensa nacional que De la Cruz contó con la complicidad de al menos otro agente migratorio, a quien conminó a salir de la vivienda y hacer guardia fuera de ella mientras perpetraba la violación.

Todas las semanas, unidades de la DGM realizan redadas en horas de la madrugada, allanando viviendas sin orden judicial ni presencia de fiscales del Ministerio Público, forzando cerraduras o tumbando puertas de viviendas. Hemos denunciado anteriormente que en dichas redadas se viola sistemáticamente derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución de República Dominicana como en las normas internacionales sobre la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la vivienda, el derecho a la libertad personal, a la propiedad y el derecho a la integridad personal.

En estos operativos ilegales que realiza la DGM, los agentes acostumbran actuar encapuchados y sin identificación, lo cual no permite garantizar que toda persona detenida sepa la identidad de quien lo detiene y bajo qué cargos se le detiene. En estos operativos ilegales de la DGM son frecuentes los robos de dinero y teléfonos celulares, se retiene bicicletas y motores, entre otros bienes, e incluso se realizan violaciones sexuales. Muchas detenciones violan de manera flagrante la Ley de Migración 285-04 y su Reglamento que prohíbe separar familias, detener a infantes y personas de avanzada edad, así como mujeres embarazadas o lactando. Entonces, de lo que se trata es de que más allá de la acusación y futura condena contra De La Cruz, el gobierno cese la política de persecución racista y los operativos ilegales de la DGM, restableciendo las garantías legales y constitucionales, actualmente suspendidas de facto en perjuicio de personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas negras.

En conclusión, exigimos una verdadera investigación que vaya a fondo y establezca todas las responsabilidades de lugar en los crímenes cometidos el 5 de abril en La Altagracia, incluyendo los allanamientos ilegales, y que establezca la responsabilidad de los superiores jerárquicos que ordenaron la comisión de esos allanamientos ilegales, además de establecer las complicidades con las que contó ese agente de la DGM al cometer la violación. De igual forma insistimos en nuestra demanda que cesen las detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial y los allanamientos irregulares, pues son operaciones ilegales que facilitan actividades criminales de los agentes de la DGM. El gobierno tiene la responsabilidad de poner fin a estas orientaciones que propician crímenes atroces y deberá responder ante instancias internacionales.