88 años después de la masacre de 1937 en la República Dominicana:
¡Alzamos la voz contra las políticas anti-haitianas y la violencia racista del gobierno de Abinader!

El 2 de octubre de 2025 marca un año desde que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, anunció que deportaría al menos 10,000 personas a Haití cada semana. Esta cifra muestra el carácter masivo de las deportaciones, lo que viola las normas internacionales que prohíben las deportaciones masivas y exigen que cada caso sea examinado de forma individual y respetando el debido proceso.

La decisión del gobierno dominicano tampoco respetó lo establecido en la Ley General de Migración y su reglamento, así como la Constitución del país, ni el Protocolo de 1999, un acuerdo binacional que define cómo deben llevarse a cabo las repatriaciones.

Desde este anuncio, los actos de violencia, racismo y campañas de odio contra inmigrantes haitianos/as y sus descendientes, que ya venían ocurriendo desde hace años —especialmente desde 2021—, se han intensificado. Seis meses después, en abril de 2025, el gobierno anunció 15 nuevas medidas contra las personas haitianas. Entre ellas, se eliminó el acceso a la atención médica gratuita establecida en la Constitución, al imponer un sistema de cobros, y se instauró un sistema represivo en esos centros, donde agentes de migración pueden arrestar y deportar a haitianos o sus descendientes si acuden a recibir atención médica.
Estas medidas han causado muertes evitables, ya que se ha reducido drásticamente la asistencia de personas haitianas a los hospitales por miedo a los arrestos arbitrarios. Entre las víctimas se cuentan mujeres embarazadas.

A continuación, algunos de los hechos más graves que han afectado a la comunidad haitiana y sus descendientes:
-> Arrestos masivos, basados en el color de piel, maltratos, encarcelamientos, traslados en camiones-jaula y expulsiones en masa hacia la frontera, violando los términos del Protocolo de 1999;
->Arresto, detención y deportación de mujeres embarazadas, mujeres lactantes y niños no acompañados, violando la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Ley de Migración;
->Violencia física, golpizas, heridas, insultos, asesinatos e incluso violencia sexual contra mujeres y niñas;
Discursos oficiales racistas, que culpan a la comunidad haitiana de los problemas del sistema de salud público;
->Instrucciones a las escuelas de clasificar las listas de inscripción según criterios raciales, colocando a los niños haitianos al final;
->Tolerancia y estímulo hacia la actividad de grupos paramilitares y autoridades locales que abusan con impunidad;
->Demolición de barrios donde vivían haitianos y sus descendientes, obligando a la población a huir, como ocurrió en el barrio Mata Mosquito del distrito municipal de Verón-Punta Cana;
->Robo de pertenencias, como teléfonos y dinero, durante redadas y arrestos.

Esta violencia afecta a todo tipo de personas: mujeres embarazadas, recién paridas, niñas, niños y ancianos. Se han registrado incluso casos de mujeres deportadas tras cesáreas, a pesar de que la Ley General de Migración prohíbe la detención de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes y personas de avanzada edad, y de que la República Dominicana ratificó la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño. Esta política racista ha llegado tan lejos que incluso se le niega la vacunación a los recién nacidos, una amenaza grave para su salud y su vida. La población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana vive actualmente bajo un Estado de excepción de facto.

Con este tipo de medidas del gobierno de Abinader, ningún lugar ni persona está a salvo. Las agresiones ocurren de día y de noche. Estas acciones han causado un sufrimiento enorme a una población históricamente explotada y forzada a trabajar en la industria azucarera y en la construcción en condiciones inseguras y con remuneraciones escasas.

Las deportaciones masivas y la extorsión policial han provocado que miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana pierdan sus pocos bienes, al ser deportados a un país —Haití— sumido en la inseguridad, la crisis económica y la violencia.

Informes de diversas organizaciones durante el último año muestran que los migrantes haitianos en República Dominicana viven sin garantías legales, bajo un régimen especial que pisotea todos sus derechos humanos. Muchos viven escondidos, sin poder salir ni siquiera a comprar comida o a trabajar, en violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que garantiza el derecho a la libre circulación.

La intensificación de la campaña de deportaciones masivas demuestra claramente que existe un plan para reducir la población de origen haitiano en territorio dominicano. Estos hechos son indicios del peligro de un nuevo intento de limpieza étnica, como la que ocurrió en 1937. Decimos esto porque observamos cómo el gobierno de Abinader tolera y respalda a grupos nacionalistas de extrema derecha, que actúan con impunidad para amenazar y agredir a haitianos y a quienes defienden sus derechos. Es el propio gobierno quien fomenta estas violaciones, al no sancionar sus acciones y acusar falsamente a los trabajadores haitianos de ser una “amenaza” para la seguridad nacional y la soberanía.

En este sentido, las organizaciones y personalidades firmantes de esta nota hacemos un llamado público para exigir:

a) Al gobierno dominicano:
1. Detener de inmediato la violencia racista contra inmigrantes haitianos y sus descendientes, y respetar las leyes y la Constitución dominicana. Acatar la prohibición legal de detención migratoria de menores, mujeres embarazadas, recién paridas y lactantes, y personas de avanzada edad;
2. Respetar y cumplir con el protocolo del acuerdo de repatriación firmado en 1999.
3. Anular las medidas del 2 de octubre de 2024, que favorecen las detenciones arbitrarias para cumplir la cuota de 10,000 deportaciones semanales, una de las principales causas de las deportaciones masivas sin debido proceso;
4. Restablecer el derecho a solicitar refugio y asilo, aplicando los procedimientos adecuados y revisando cada caso individualmente;
5. Poner fin a las detenciones arbitrarias basadas en el perfil racial, en cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, ratificada el 25 de mayo de 1983;
6. Restituir el derecho constitucional a la atención médica y eliminar el control migratorio en los centros de salud;
7. Respetar la Convención sobre los Derechos del Niño que obliga al gobierno a proteger siempre el interés superior de la infancia;
8. Desmantelar los grupos paramilitares que aterrorizan los barrios donde viven haitianos, con la complicidad de las fuerzas de seguridad y de la Procuraduría General de la República que les brinda impunidad;
9. Restituir los derechos civiles de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos el derecho a la libertad religiosa, a la reunión pacífica y al uso de su lengua;
10. Implementar un plan de regularización sin discriminación racial que permita a los trabajadores migrantes obtener documentos legales y vivir sin temor;
11. Restituir la nacionalidad dominicana a las personas desnacionalizadas o en condición de apatridia.

b) A las autoridades de Haití:
a. Exigir a la República Dominicana el cumplimiento del Protocolo de 1999 sobre mecanismos de repatriaciones;
b. Brindar asistencia humanitaria y legal a migrantes haitianos/as detenidos o encarcelados en espera de deportación, en coordinación con organizaciones locales;
c. Exigir el respeto de los derechos de los migrantes haitianos/as, incluso de aquellos en situación irregular;
d. Facilitar el acceso a documentos de identidad y actas de nacimiento gratuitas a los/as ciudadanos/as haitianos/as en República Dominicana.

Frente a esta ola de violencia y racismo, creemos que solo una gran movilización general y solidaria con las víctimas podrá frenar estos abusos. Agradecemos a todas las organizaciones en República Dominicana, Haití y otros países del mundo que han mostrado su solidaridad y alzan su voz para exigir el fin de estas violaciones.
Seguimos llamando a todas las personas y movimientos que luchan por la justicia global a no permitir que la República Dominicana continúe con esta política racista, que podría conducir nuevamente al país por el camino de la limpieza étnica y el genocidio, como ya ocurrió en 1937.

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Firmas organizaciones y activistas:
Colectivo HaitianosRD, Roudy Joseph
Movimiento Socialista Trabajadoras y Trabajadores (MST), Ingrid Luciano
Movimiento Social de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA), Joseph Chérubin
Fundación Código Humano, Altagracia Jean Joseph
Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Lourdes Contreras
Movimiento Caamanista, Narciso Isa Conde
Liga Haitiana Internacional (LIHAITI), Marc Aurel Bien-Aimé
Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes Línea Noroeste (ASOMILIN), Jackson Lorrain
Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), Katia Bonté
Fundación Zile, Edwin Paraison
Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos (POHDH), Alermy Piervilus
Plataforma Haitiana Incidencia para un Desarrollo Alternativo (PAPDA), Camille Chalmers
Centro Puente Haiti (Sant Pon Ayiti, SPA), Ylfodotte Valcourt
Comision Episcopal Justicia y Paz (CE-JILAP), Jocelyne Colas
Asamblea Pueblo del Caribe (APK/ ALBA Ayiti), Hyrvinsky
Solidaridad Mujeres Haitianas (Solidarite Fanm Ayisyèn, SOFA), Berthanie Belony
Organizacion Feminista Dantò, Rodeline Rodné
Plataforma Género Nordeste (PGNE), Finfin Fania
Colette Lespinasse, defensora de Derechos Humanos