Verón-Punta Cana, La Altagracia

27 de octubre de 2026

Continúan los asesinatos impunes por parte de agentes de la Dirección General de Migración (DGM). El 3 de octubre, aproximadamente a las 5 de la tarde, durante un allanamiento sin orden judicial, agentes de la DGM asesinaron al joven trabajador haitiano Clerger Rodler, justo el día que cumplía 24 años de edad, en el sector Villa Plywood del distrito municipal turístico de Verón-Punta Cana, disparándole al tórax a quemarropa. Otro trabajador haitiano resultó herido en la acción de la DGM, con disparos en su pierna izquierda y el pecho. Al ser entrevistado por integrantes del Colectivo HaitianosRD, el sobreviviente manifestó: “Si hubieran querido detenernos, lo habrían hecho, estaban a solo tres metros de distancia (cuando dispararon a Clerger Rodler)”.

El 19 de octubre fue aplazada la audiencia para el 25 de noviembre, según el abogado del agente procesado por el crimen. El testimonio del trabajador sobreviviente demuestra la brutalidad de los métodos empleados por la DGM en abierta violación de la Constitución y las leyes de la República Dominicana, como parte del Estado de excepción de facto que el gobierno ha impuesto para realizar deportaciones masivas desde el año 2021: “Nos encontrábamos cortando el cabello, estábamos sentados en el techo (de la vivienda) cuando llegaron unos guardias. No habíamos hecho nada, no les lanzamos piedras, y sin embargo abrieron fuego contra nosotros por la espalda, a mí me dispararon una vez en la pierna y dos veces en el pecho cerca del corazón. Era el cumpleaños del amigo que falleció. Los agentes querían llevarme detenido, pero los vecinos intervinieron y se opusieron”.

El hermano mayor de Clerger Rodler expresó que su hermano era un hombre trabajador que no se peleaba con nadie y que su muerte devastó a mucha gente que lo apreciaba. “Su sueño era simplemente volver a Haití y establecerse tranquilamente en casa”, explicó.

No es un caso aislado, continúan los asesinatos en operativos migratorios y muertes bajo custodia de las autoridades dominicanas

Bajo el lineamiento del gobierno de realizar diez mil deportaciones semanales han proliferado las acciones ilegales por parte de militares, agentes de la DGM y la Policía Nacional. Detenciones basadas en el perfilamiento racial, allanamientos sin orden judicial, torturas, heridas graves y asesinatos de personas haitianas son hechos que se repiten con regularidad. En el mismo sector de Villa Plywood, el trabajador Mikelson Germain sufrió graves heridas al ser lanzado de un techo por un agente de la DGM, en septiembre de 2024. En abril 2025, el trabajador haitiano Constant Laventure fue lanzado por agentes migratorios desde el techo de una vivienda, según el testimonio de un testigo, en Villa La Fe, también en Verón-Punta Cana. Ambos crímenes quedaron en impunidad.

El 9 de septiembre de 2025 falleció Gedilia Lonzandieu bajo custodia de la DGM en el centro de detención de Haina, de un paro cardiorrespiratorio al no recibir atención médica oportuna por parte de las autoridades. En el mismo centro de detención falleció bajo detención ilegal un bebé recién nacido, hijo de la joven Melisa Jean Batista, el 14 de noviembre de 2025. La noche del 3 de enero de 2026, Sterling Fara, de 32 años, murió electrocutada mientras intentaba evadir a agentes de la Policía Nacional que se dedicaban a extorsionar a ciudadanos haitianos en el sector Barrio Lindo de Moca, pidiéndoles dinero para no someterlos a detenciones arbitrarias. El 6 de enero el joven haitiano Yubensi Timoteo fue asesinado a balazos por un efectivo del Ejército durante un operativo migratorio en el distrito municipal Cruce de Guayacanes de la provincia Valverde. El 12 de febrero un trabajador haitiano de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado por un efectivo del Ejército en Villa Lobo, provincia Monte Cristi. El 2 de marzo falleció un trabajador haitiano al caer de un puente de Gurabo, provincia Santiago, durante una persecución migratoria.

El 22 de julio de este año fue asesinado el trabajador haitiano Yepisan Papi, de 39 años, también en el distrito municipal de Verón-Punta Cana, por el agente migratorio David Antonio Mejía Laureano, quien enfrenta el juicio en libertad. El 23 de julio en la madrugada, agentes migratorios dispararon por la espalda a un trabajador haitiano en Hato Mayor, hiriéndolo de gravedad. Según reportes de prensa, la víctima decidió no asistir a un hospital a tratar sus heridas por el temor a ser detenido arbitrariamente y deportado en el marco de la política del gobierno de convertir los hospitales en centros de detención migratoria a partir de abril de 2025. La madrugada del 24 de julio falleció el trabajador haitiano Dabinson Pie, de 27 años, al lanzarse al río Nagua en el kilómetro 3 de ese municipio, huyendo de agentes migatorios. La comunidad denunció que los agentes migratorios no intentaron auxiliar a Pie mientras se ahogaba.

El 14 de agosto, agentes migratorios allanaron sin orden judicial la escuela básica Eduardo Brito, en Pedro Brand, y dispararon a un obrero haitiano por la espalda, hiriéndolo en un pie y en la espalda. El 18 de agosto seis personas haitianas resultaron heridas en un choque entre dos camiones-jaula de la DGM en la provincia San Juan. El 15 de octubre, militares atacaron una finca en El Recodo, municipio Pueblo Viejo de la provincia Azua, hiriendo a un trabajador haitiano con dos disparos en el abdomen. El 17 de octubre fue asesinado por efectivos de la Policía Nacional el joven Wideiso Cris, de 18 años, en el sector La Ciénaga de Santiago.

Entre septiembre de 2025 y octubre de 2026 han entonces muerto 10 personas haitianas bajo custodia de las autoridades dominicanas, durante persecuciones migratorias o asesinados por agentes represivos. Decenas han resultado heridas. No se trata entonces de casos aislados sino de los resultados de una política sistemática de terror de Estado.

El Estado haitiano debe pronunciarse sobre estos hechos y demandar respeto a los derechos de la población migrante haitiana en República Dominicana. Al gobierno dominicano le exigimos poner fin al asesinato de personas haitianas en operativos migratorios, poner fin al Estado de excepción y restituir la vigencia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos humanos de todas las personas, sin distinciones por nacionalidad o percepción racial.