Hoy, 18 de diciembre 2023, Día Internacional de las Personas Migrantes, desde el Colectivo #HaitianosRD aprovechamos para recordar al Estado dominicano los aportes de nuestra comunidad a la economía y la sociedad dominicana, y emplazar al gobierno a reconocer esos aportes, tan importantes para el desarrollo del país.

Contradiciendo los discursos que incitan al odio y presentan a las y los trabajadores haitianos como una “carga para el Estado”, las estadísticas presentadas por la Oficina Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta Nacional de Migrantes de 2017, sitúan nuestros aportes a la actividad económica dominicana entre el 7 y el 9.5% del PIB. Estamos hablando de un aporte de entre 8 y 11 mil millones de dólares en el año 2023, un monto similar al de las remesas que envían los emigrantes dominicanos.

Es evidente entonces, que criminalizar y estigmatizar las migraciones, utilizar discursos políticos basados en el odio racial para acumular capital político, es un grave error, pues estimula violaciones de derechos humanos y además contradice la verdad histórica de un país que depende en gran medida de las remesas que envían emigrantes dominicanos y el aporte de la fuerza de trabajo inmigrante. Es hora de reconocer esta realidad con madurez y aplicar políticas migratorias sin discriminación. Lamentablemente, actualmente a las personas inmigrantes haitianas se nos cierran todas las puertas para regularizar nuestro estatus migratorio en la República Dominicana. Observamos que en la oficina de la Dirección General de Migración (DGM), se atiende a inmigrantes de otros países, mientras que para los/as haitianos/as se alega que “no hay sistema”.

Esa situación ya se prolonga por varios meses y es una retaliación que está tomando el gobierno dominicano en contra de las personas haitianas residentes en el país en el contexto del conflicto por el uso para riego de las aguas del río binacional Masacre o Dajabón. Esta situación, en el marco de los operativos de deportaciones masivas que adelanta el gobierno, ha provocado que las personas de nuestra comunidad se vean afectadas en su vida cotidiana, limitando sus actividades laborales, comerciales y de estudios. Las redadas para fines de detención y expulsión de la DGM han ido en aumento y se caracterizan por la violación sistemática de las leyes nacionales, con allanamientos sin orden judicial, tratos degradantes, robos, extorsión y detención de mujeres embarazadas e infantes separados de sus familias.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha recomendado la gestión de una migración segura basada en la solidaridad, la colaboración y el respeto de los derechos humanos, ya que lo contrario “obliga a las personas a entrar en el cruel reino de los traficantes, donde quedan expuestos a la explotación, los abusos e incluso la muerte”. Esto reviste particular gravedad en República Dominicana, donde un reciente intento de legislar contra la trata de personas y ofrecer garantías a las personas denunciantes fue retirado por presiones de sectores ultraconservadores y racistas.

A las actuaciones ilegales de la DGM se agregan ahora las de los policías y militares, quienes participan en operativos migratorios sin poseer la más mínima preparación profesional para la fiscalización migratoria. Insistimos en el llamado al gobierno dominicano a adoptar el camino del respeto a los derechos humanos y abrir canales a la regularización tanto ordinaria como extraordinaria, a través de una tercera fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros/as, iniciado y no culminado por la administración pasada.

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