Santo Domingo, RD.
Colectivo HaitianosRD - A raíz del conflicto entre los Estados de República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego en el Río Dajabón, el gobierno dominicano ordenó la militarización y el cierre total de la frontera terrestre, marítima y aérea el pasado 15 de septiembre, así como la suspensión de la emisión de visas para ciudadanos haitianos. Creemos que la salida al conflicto está en la negociación y la mediación en base al reconocimiento de la igualdad de derechos de ambos países sobre los recursos binacionales.

Durante las semanas transcurridas desde entonces, se han intensificado las violaciones graves de derechos humanos con operativos ilegales de detención y expulsión masiva de personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida. Incluso hay denuncias de casos como el de la mujer Cristina Martínez de San Cristóbal, cuyos familiares denunciaron que fue detenida por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y desterrada a Haití, mientras la DGM afirma que fue detenida por agentes de la Policía Nacional (PN), sin que se conozca su paradero, a pesar de que le aquejan problemas de salud mental. El modus operandi del perfilamiento racial y no respeto a las garantías legales y constitucionales sigue imperando.

Esta semana el gobierno dominicano hizo un anuncio en falso de que reabrirá la frontera y luego anunció el endurecimiento de las medidas, prolongando indefinidamente el cierre de la frontera y la no emisión de visas, únicamente habilitando la exportación de ciertos productos dominicanos hacia Haití.

Queremos reiterar nuestro rechazo al discurso de odio del gobierno dominicano que presenta a los/as trabajadores/as migrantes haitianos/as como “una carga para el Estado dominicano”. Esta mentira repetida hasta la saciedad se utiliza como excusa para justificar la violencia racista contra personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, a pesar de que la fuerza de trabajo inmigrante aporta entre el 7 y el 9.5% del PIB dominicano y todos los días las personas inmigrantes llenamos las arcas del Estado pagando impuestos a los combustibles, ITBIS, tasas de trámites migratorios, entre otras formas de tributación directa e indirecta.

Las y los trabajadores inmigrantes debemos gozar de todos los derechos laborales reconocidos internacionalmente y en las leyes dominicanas, derecho a la sindicalización, contratos de trabajo ajustados a la ley, pago de cesantía y pensiones tal y como lo establecen las leyes, así como canales abiertos para la regularización migratoria.

Es necesario dejar atrás esa visión retrógrada y estigmatizante de la comunidad inmigrante haitiana, ya que República Dominicana tiene alrededor de dos millones de ciudadanos que han emigrado y que aportan al desarrollo de los países que les acogen, como EEUU, España, Chile, entre otros, y también aportan a su propio país enviando remesas. Esto es muy similar a lo que hace la diáspora haitiana en República Dominicana y otros países: trabajar, crear riqueza y aportar al desarrollo, a pesar de la persecución y los bajos salarios que frecuentemente se reciben.

Intentar capitalizar electoralmente los prejuicios raciales de un sector de la población con medidas de persecución y discursos de odio es una apuesta arriesgada y éticamente condenable. Es abiertamente discriminatorio que la DGM suspenda procesos de regularización migratoria a personas haitianas, alegando que «no hay sistema», mientras se observa que sí se atiende en esos mismos trámites a ciudadanos de otras nacionalidades y con un color de piel diferente.

La quema del mercado binacional de Dajabón fue antecedida por amenazas públicas de grupos de ultraderecha de que no permitirían la reapertura de la frontera a nivel comercial. Pedimos que sean investigados y cese la impunidad.

Retomamos nuestras peticiones en esta coyuntura
-Cese de deportaciones masivas, sumarias y colectivas, incluyendo las detenciones arbitrarias en base al perfilamiento racial y los allanamientos sin orden judicial de viviendas.
-Regularización migratoria ordinaria o extraordinaria sin discriminación por nacionalidad o racial.
-Apertura de la frontera en todos los niveles, tanto para el comercio binacional como para el tránsito en ambas direcciones de personas, sin otras limitaciones que las propias de la legislación de cada país.
-Rehabilitación del “sistema” de la Dirección General de Migración para aplicaciones nuevas y pendientes y renovaciones de documentos migratorios, sin discriminación.
-Cese de los discursos de odio y teorías conspirativas que califican a las personas trabajadoras haitianas como una “carga», como una «invasión silenciosa» o como parte de una conspiración para imponer «una solución dominicana a la crisis haitiana». Todos esos discursos abonan a la violencia racista en el país.