En el marco del conflicto entre los gobiernos de República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego en el Río Masacre o Dajabón, el gobierno encabezado por Luís Abinader no solo ha militarizado y cerrado la frontera, generando una gran devastación económica en la zona fronteriza de ambos países, sino que también, ha suspendido el otorgamiento de visas a personas haitianas y ha desatado una gran violencia contra las comunidades trabajadoras inmigrantes haitianas y las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Como parte de esa ofensiva de detenciones masivas y arbitrarias, incluyendo allanamientos ilegales de viviendas sin orden judicial o acompañamiento del Ministerio Público, el gobierno ha atacado a comunidades de El Seibo y otras provincias del país.

En estos ataques de las últimas semanas han sido detenidas miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, personas haitianas con o sin documentación migratoria vigente, y personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida. Esta cacería humana se realiza en toda la geografía nacional, todos los días y a toda hora, violando la Constitución, la Ley de Migración 285-04, el protocolo binacional de repatriaciones y los pactos de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano.

Estas detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales no solo los ejecutan agentes de la DGM sin identificación, también los realizan policías y militares, sometiendo a personas negras en las calles o en sus casas en base a un perfilamiento racial. Agentes migratorios, policías y militares no están familiarizados con las leyes y suelen incurrir en la extorsión, el robo y la destrucción de bienes, así como en frecuentes violaciones de los derechos humanos. Ha habido casos documentados de torturas, abusos sexuales y asesinatos por parte de los agentes represivos en las operaciones de detención y expulsión masiva, sin que lamentablemente la Procuraduría General de la República emprenda acciones contra la DGM para poner freno a sus violaciones a las leyes.

Exigimos que se aparte a policías y militares de las tareas de interdicción migratoria para las cuales no tienen la más mínima preparación, y que los agentes de la DGM respeten las leyes y pactos binacionales en materia migratoria. Esto incluye que cese el uso de cuarteles policiales y militares como cárceles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.

Rechazamos que el gobierno de Luis Abinader castigue a la población civil, tanto haitiana como dominicana, sobre todo habitantes, trabajadores y comerciantes de las zonas fronterizas, como represalia por la construcción de un canal de riego agrícola en Haití, mediante operativos en los que se ultraja a miles de personas y se les somete a un trato cruel y degradante. Este tipo de castigos colectivos, además de violar las leyes dominicanas y la Constitución, son violatorios del derecho internacional humanitario.

Lo que corresponde es que el gobierno dominicano abandone el camino de la incitación al odio racial y la venganza represiva, que retome el camino del diálogo y utilice los mecanismos previstos en el tratado binacional de 1929, como el arbitraje internacional, para garantizar un uso compartido y justo de las aguas de un río binacional, en vez de criminalizar y reprimir a poblaciones enteras, como las personas dominicanas negras, personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.

-Basta de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y deportaciones colectivas.
-Regularización migratoria sin discriminaciones y restitución de la nacionalidad a las víctimas de la sentencia 168-13 -Reapertura y desmilitarización de la frontera ya.

Firmas:

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Colectivo #HaitianosRD, Coordinadora Popular Nacional, CUDEM, Movimiento Caamañista, MUDHA, Movimiento Reconocido, Junta de Prietas, La Ceiba, Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, MOSCTHA, Coordinadora Popular Nacional